En un Chile que envejece rápidamente, con más de 3,5 millones de personas mayores y una expectativa de vida que supera los 80 años, la necesidad de políticas públicas orientadas a esta etapa vital es innegable.
En este contexto, la Ley Integral de las Personas Mayores, también conocida como la Ley de Envejecimiento Positivo, surge como una respuesta legal y cultural para garantizar derechos, fomentar la autonomía y combatir la discriminación etaria.
La Ley de Envejecimiento Positivo es una iniciativa legislativa aprobada en 2025 que busca consolidar un nuevo marco de derechos y obligaciones para el Estado respecto a la población adulta mayor en Chile.
A diferencia de normativas anteriores, esta ley no solo aborda aspectos asistenciales (como salud o pensiones), sino que promueve un envejecimiento activo, saludable y participativo, reconociendo a las personas mayores como sujetos plenos de derecho.
Entre sus ejes centrales se encuentran:
Uno de los avances de esta legislación es que reconoce a las personas mayores no solo desde la edad cronológica (mayores de 60 años), sino desde una perspectiva de diversidad funcional y social, entendiendo que no todas envejecen de la misma manera ni tienen las mismas necesidades.
Esto implica una mirada diferenciada según:
La ley exige al Estado políticas que aborden esta heterogeneidad y rechaza visiones reduccionistas del envejecimiento.
La Ley de Envejecimiento Positivo se estructura en torno a derechos clave:
Derecho garantizado
Implicancia en la vida cotidiana
Derecho a la autonomía
Decidir sobre tratamientos médicos, vivienda y relaciones.
Derecho a una vida libre de violencia
Protección frente al abuso físico, emocional y económico.
Derecho a la participación
Acceso a actividades cívicas, culturales y laborales.
Derecho a cuidados de largo plazo
Servicios domiciliarios, comunitarios e institucionales adaptados.
Derecho a la igualdad y no discriminación
Prohibición de prácticas basadas en edadismo o prejuicio social.
Además, se establece la creación de un Sistema Nacional de Cuidados para Personas Mayores, que permitirá coordinar recursos públicos y privados para garantizar asistencia digna, oportuna y equitativa.
Este nuevo marco legal transforma la visión asistencialista en una de corresponsabilidad social, lo que se traduce en:
En definitiva, esta ley busca evitar que las personas mayores sean relegadas a la pasividad o al aislamiento, y promueve redes de apoyo comunitarias, familiares y estatales.
El organismo rector de esta ley es el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), que amplía sus facultades y cobertura territorial. También se articulan políticas desde:
A su vez, se implementan consejos ciudadanos regionales de personas mayores, espacios participativos para garantizar que las decisiones públicas tengan voz y experiencia de quienes serán directamente beneficiados.
Chile está transitando un cambio demográfico acelerado: para 2050, más del 30% de la población será mayor de 60 años. La Ley de Envejecimiento Positivo:
Así, no solo se construye una sociedad más justa, sino también más sostenible y empática.
Esta normativa complementa otras acciones clave para el bienestar integral del adulto mayor. Por ejemplo:
Sí. Fue aprobada por el Congreso chileno en 2025 y actualmente se encuentra en proceso de implementación por SENAMA y otros ministerios.
Sí. Se considera el maltrato (físico, emocional o económico) como una violación de derechos, y pueden aplicarse sanciones legales y administrativas.
Sí. La ley promueve el acceso a la educación continua y el trabajo flexible, y se vincula con programas de emprendimiento y alfabetización digital.
Sí. La ley contempla capacitaciones, recursos y acompañamiento para quienes cuidan a personas mayores en el hogar.
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